En su discurso, el presidente Ollanta Humala expresó su compromiso por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes durante su gestión. Un compromiso que debe traducirse en políticas y planes de atención a la infancia y adolescencia de nuestro país. Y entre las diversas situaciones que afectan a nuestra niñez, existe una que debe atenderse de inmediato. Nos referimos al abuso sexual, un problema social que día a día afecta a niños, niñas y adolescentes.

Las cifras del Renadespple (Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva) del Ministerio Público, reportan que de enero a diciembre del 2010, se detuvieron a 655 personas por el delito de violación a la libertad sexual a menores de edad. En este grupo, se identificaron a un total de 170 detenidos por abusar sexualmente a niños y niñas menores de 10 años, a quienes corresponde la cadena perpetua.

Sin embargo, frente al número de detenidos por agredir sexualmente a menores de edad, las víctimas y la población en general, no sienten que las autoridades den prioridad a los procesos de menores víctimas de abuso sexual, y mucho menos, apliquen sanciones efectivas. La necesidad de brindar servicios de calidad para que las víctimas de abuso sexual y sus familiares puedan contar con asesoría y atención legal adecuada, así como con tratamientos psicológicos, que les permitan recuperarse, luego del grave daño causado, es una tarea urgente que debe ser atendida por nuestras autoridades.

Es oportuno hablar también del rol de las instituciones educativas, que deben incorporar a sus planes de trabajo acciones de detección y prevención de casos de abuso sexual, que involucre un trabajo no sólo con los alumnos, sino también con los docentes, que muchas veces no saben cómo actuar frente a un caso de este tipo. Finalmente, es necesario hacer un llamado a los padres de familia para que se mantengan alertas y observen las actitudes y conductas de sus hijos e hijas, y detectar cualquier situación que los pueda afectar, teniendo en cuenta que el agresor sexual no sólo está en la calle, sino también en el hogar.

Sin duda, cuidar de la integridad de nuestros niños es una de las tareas que el Estado debe atender, y que este gobierno tiene la oportunidad de poder generar cambios que permitan que todos los niños, niñas y adolescentes vivan seguros y libres de situaciones tan degradantes como el abuso sexual.